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REVISTA DIRECT FEBRERO 2020
30 enero 2020
Plan de rescate a autónomos y pymes aprobado por el gobierno gallego
1 abril 2020
  1. ¿TENGO DERECHO A QUE ME DEVUELVAN EL PRECIO DEL VIAJE SI LO CANCELO?
  2. DEROGACIÓN DEL DESPIDO POR ACUMULACIÓN DE FALTAS DE ASISTENCIA AL TRABAJO JUSTIFICADAS
  3. CUIDADO CON LOS BIENES EN EL EXTRANJERO. ESTÁS OBLIGADO A INFORMAR A LA AEAT

1.

En primer lugar, debe comprobar si usted ha contratado un seguro de viaje, en caso afirmativo es probable que tenga derecho a un reembolso de lo abonado, no obstante, en segundo lugar, hay que atender al contenido de la póliza contratada, en la que se detallarán los motivos por los que podrá cancelarse el viaje sin coste alguno.

Lo más frecuente es que nos encontremos con pólizas de seguro que prevén la cancelación por accidente o enfermedad grave del viajero o familiares cercanos, fallecimiento de familiares cercanos, siniestro importante en el domicilio del viajero, asistencia a una mesa electoral, cuestiones de fuerza mayor, etc.

Precisamente con la reciente crisis generada por la epidemia del coronavirus y dadas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de no viajar a las zonas afectadas, la Organización de Consumidores y Usuarios ha solicitado a las agencias y compañías aseguradoras que se considere motivo de fuerza mayor la cancelación de viajes a las zonas afectadas, pero existe todavía incertidumbre sobre como actuarán a este respecto.

La situación cambiaría si fuese el Gobierno quien prohibiera los viajes o si lo cancelase directamente la aerolínea, en cuyo caso se podría solicitar el reembolso o la reubicación del vuelo.

Para corroborar que se tiene derecho a un reembolso debe analizarse la póliza del seguro de viaje y el supuesto concreto, por lo que, si usted está pensando en cancelar un viaje pero no sabe si podrá hacerlo sin coste alguno, no dude en contactar con nosotros llamando al 981 943 392 o enviando un correo electrónico a info@directasesores.com, analizaremos el supuesto concreto y le daremos una respuesta adaptada a su situación.

2.

Tras la reforma laboral del año 2012, el apartado d) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores permitía la extinción del contrato por causas objetivas ante faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcanzasen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcanzase el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Sin embargo, ésta posibilidad, a pesar de haber sido recientemente avalada por el Tribunal Constitucional, acaba de ser derogada mediante la aprobación del Real Decreto – Ley 4/2020, de 18 de febrero, con entrada en vigor desde el pasado 20 de febrero de 2020, día siguiente al de su publicación en el BOE. Con la aprobación de dicha norma, el actual Gobierno pretende dar cumplimiento a las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en Sentencia de 18 de enero de 2018 había advertido a España de que la aplicación de esta modalidad de despido objetivo por faltas de asistencia justificadas iba en contra de la Directiva 2000/78, que prohíbe la discriminación por razón de discapacidad.

La derogación no tiene carácter retroactivo, por lo que todos aquellos procedimientos de reclamación judicial que ya se encuentren en curso o los ya realizados hasta la citada fecha se regularán por el anterior precepto derogado.

Por otro lado, la eliminación del referido apartado d) no va a afectar a la validez del resto de motivos causantes de despido objetivo recogidos en el art. 52 del ET, los cuales continuarán siendo objeto de aplicación como hasta la fecha.

Finalmente es preciso recordar que, aunque se haya derogado la regulación del despido objetivo por “absentismo laboral justificado”, en el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores se regula el despido disciplinario “basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador», en donde se englobaría el despido disciplinario por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo. Por tanto, de ahora en adelante los empresarios aún seguirán contando con una vía legítima para sancionar aquellas ausencias de los trabajadores al trabajo que no queden justificadas, bien aplicando el despido disciplinario, o bien mediante la apertura de un procedimiento sancionador establecido por vía convencional.

3.

La Disposición adicional decimoctava de la LGT obliga a suministrar información sobre cuentas, inmuebles y valores en el extranjero, cuando el valor de cualquiera de estos exceda de 50000 euros. Para ello es necesario complementar el modelo 720 aprobado por Orden HAP/72/2013, de 30 de enero, y presentarlo entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar.

Esta obligación ha sido una gran desconocida principalmente para dos grupos de ciudadanos: emigrantes que retornan a España y conservan bienes en el que fue su país de residencia (español que trabajó en Alemania y retorna a su jubilación a España pero conserva cuentas en Alemania o una vivienda) y extranjeros que vienen a residir a España (por jubilación, en muchos casos) pero conservan bienes en su país de origen.

Las consecuencias del incumplimiento de esta obligación son extremadamente graves y los podemos resumir en los siguientes:

A) INFRACCIÓN POR PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE BIENES EN EL EXTRANJERO OMITIENDO DATOS.

La infracción se considera muy grave y se sancionará con multa de 5000 euros por cada dato o conjunto de datos omitidos. Partiendo de que un inmueble tiene cuatro datos (Identificación, situación, fecha de adquisición y valor de adquisición) y una cuenta bancaria cinco datos (entidad bancaria, identificación de la cuenta, fecha de apertura o cancelación y saldos a 31 de diciembre y medio del último trimestre), podemos echar cuentas y calcular que ser residente en España y tener un apartamento en Alemania sobre el que no se da información, puede suponer una multa de 20000 euros.

B) GANANCIA PATRIMONIAL NO JUSTIFICADA

De conformidad con el artículo 39 LIRPF los bienes que no sean declarados en el modelo 720 tendrán la consideración de ganancia patrimonial no justificada y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización.

La única vía de escape para esta consecuencia sería acreditar que la titularidad de esos bienes se corresponde con rentas declaradas, o bien con rentas obtenidas en periodos impositivos respecto de los cuales no se tuviese la condición de contribuyente del IRPF.

Volviendo al ejemplo del apartamento en Alemania que no fue declarado, salvo que se consiga probar que se adquirió con rentas declaradas en su día o con rentas obtenidas como no residente –lo que puede resultar realmente complicado–, su valor será integrado como ganancia patrimonial al ejercicio más antiguo no prescrito, con independencia de cuando se haya adquirido, lo que supone la imprescriptibilidad de esta gravosa consecuencia.

C) INFRACCIÓN POR EXISTENCIA DE GANANCIA PATRIMONIAL NO JUSTIFICADA

En el caso de que no pude justificar que la titularidad de los bienes no declarados en el modelo 720 se corresponden con rentas declaradas, se considerará que se ha cometido una infracción tributaria muy grave, sancionada con multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción, que será la cuantía de la cuota íntegra resultante de la aplicación del artículo 39.2 ya referido

Como vemos, las consecuencias del incumplimiento son muy perjudiciales y en muchos casos podrán suponer desembolsos de cantidades superiores incluso al valor de los bienes no declarados. Por esta razón, el pasado 6 de junio de 2019 la Comisión Europea ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE y es posible que este se pronuncie en contra de este régimen, lo que posibilitaría que las personas contra las que se instruyeron expedientes sancionadores tuviesen una vía de recurso.

Sin embargo, mientras tanto, el régimen legal sigue siendo el descrito más arriba por lo que es conveniente cumplir con dicha obligación y buscar siempre el asesoramiento adecuado.