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TRIBUTACIÓN EN EL IVA DEL TURNO DE OFICIO #DIRECTJURIDICO

Los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita se encuentran sujetos y no exentos del IVA, debiéndose repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21%.

La Dirección General de Tributos consideró que estos servicios no estaban sujetos al IVA al ser prestados con carácter obligatorio y gratuito en virtud del artículo 7.10º de la Ley 37/1992, del IVA.

No obstante, la DGT cambia el criterio en sus consultas V0173-17 y V0179-17, de fecha 25 de enero de 2017,  considerando que los servicios se realizan a título oneroso.

Esta sentencia analiza la sujeción al IVA de los servicios jurídicos de defensa prestados por los abogados belgas y, en particular, la asistencia gratuita, partiendo de los siguientes elementos:
• El servicio de asistencia jurídica gratuita se presta de manera voluntaria.
• El servicio no es gratuito, siendo los honorarios satisfechos por el Estado belga.

La sentencia establece en primer lugar la sujeción al IVA de los servicios de defensa jurídica por no considerar que ocasione un incremento de los gastos procesales que constituyan un obstáculo insuperable para acceder a la justicia. Declara asimismo no exentos los servicios de asistencia judicial gratuita debido a que la actividad de los abogados y procuradores no tiene un carácter social.

La DGT considera aplicable esta sentencia al turno de oficio español al determinar la onerosidad de estos servicios toda vez que son retribuidos por la Administración Pública competente.

Por tanto, los servicios prestados por Abogados y Procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita estarán sujetos y no exentos del IVA, debiendo repercutir en factura el IVA al tipo impositivo general del 21% a su beneficiario y siendo la base imponible la retribución que perciban con cargo a fondos públicos por su intervención en el correspondiente procedimiento judicial.

Atendiendo al principio de seguridad jurídica, ese nuevo criterio será vinculante para la Administración Tributaria a partir del 26 de enero de 2017, fecha de publicación de las consultas referidas, en relación con las operaciones cuyo devengo se haya producido a partir de dicha fecha.

Finalmente y desde nuestro servicio de Direct Jurídico, entendemos al igual que el CGAE, que los que ejercemos la abogacía como abogados adscritos al turno de oficio, al ser este un servicio obligatorio, no se debería percibir como honorarios sino como una indemnización. Así mismo, la decisión de Hacienda es consecuencia de una sentencia europea relativa a Bélgica y entendemos no extrapolable a nuestro país, ya que en el sistema belga de justicia gratuita esta no tiene naturaleza obligatoria (régimen de naturaleza distinta al modelo público español), por lo que el tratamiento fiscal no debe ser el mismo.

Por ello, como abogados que somos, debemos defender la no aplicación del IVA a la justicia gratuita, sea a través de nuestros Colegios de abogados, sea a través de la acciones que ejerza el Consejo General de la Abogacía Española

PLAN DE GARANTÍA JUVENIL – NOVEDADES 2017

El objetivo del plan de Garantía Juvenil, recordemos, es asegurar que los jóvenes menores de 30 años, desempleados o que no estudien, puedan recibir una oferta de empleo, de educación, formación o un periodo de prácticas de trabajo.

Para continuar impulsando el Sistema Nacional de Garantía Juvenil se ha publicado el Real Decreto –Ley 6/2016, de 23 de Diciembre.  A través de esta norma se simplifica el proceso de inscripción al Sistema posibilitando que todos los jóvenes inscritos como demandantes de empleo en los Servicios Públicos de Empleo Estatal y autonómicos que cumplan con los demás requisitos de la Garantía Juvenil queden inscritos en el sistema automáticamente, e incluso con efectos retroactivos, en el caso de que hubieran participado o estén participando en alguna de las actuaciones previstas por el Sistema.

También elimina una de las mayores restricciones que presentaba la norma anterior en referencia a los requisitos de acceso.  Para que un joven se pueda inscribir bastará con que no haya estudiado o trabajado el día anterior a la solicitud de incorporarse a la Garantía Juvenil. Hasta ahora era mucho más restrictiva ya que se pedía haber estado 3 meses sin recibir formación o los 30 días sin haber trabajado.

Y, otra de las novedades introducidas afecta a las reducciones a las que tenía derecho una empresa o un autónomo cuando contrataba a un trabajador con un Contrato para la Formación y el Aprendizaje.  Desde el 1/01/2017 estas reducciones se convierten en bonificaciones si se contrata a un joven inscrito en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil y la bonificación a aplicar será del 100% del importe de los Seguros Sociales.

En lo que respecta a los demás requisitos de acceso al Sistema de Garantía Juvenil, se mantienen intactos. Os facilito un cuadro resumen -comparativo de todos ellos.

Antes del rdl 6/2016 – Después del rdl 6/2016

Tener nacionalidad española, ser ciudadano de la UE o tener permiso de residencia – Inalterado
Estar empadronado en territorio español – Inalterado

Tener más de 16 años y menos de 30 (límite no aplicable a personas con discapacidad reconocida) – Inalterado

No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud – No haber trabajado el día anterior a la presentación de la solicitud.

No haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones formativas que conlleven más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. – No haber realizado acciones educativas o formativas el día natural anterior a la solicitud.

Presentar una declaración expresa de su interés en
participar en Garantía Juvenil. – Inalterado

APLAZAMIENTOS DE IVA

Tal y como les comentamos en un artículo anterior, con el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, se eliminó la posibilidad de aplazar o fraccionar determinadas deudas tributarias, entre las que estaban los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y el IVA.  Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas afectadas por esta medida se inadmitirán.

¿Qué ocurre con los autónomos?  Los autónomos podrán seguir solicitando aplazamiento de IVA pero debemos tener en cuenta dos situaciones:

1. Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, sin garantías, hasta un máximo de 12 plazos mensuales.

2. Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe excede de 30.000 euros, se podrán conceder aplazamientos, en función del tipo de garantía aportada por el deudor, y por un plazo máximo de 36 plazos mensuales.  Al referirse a deudas se IVA, será necesario, además, acreditar que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas.