Reacciona frente a las multas impuestas durante el estado de alarma

¿Cómo afecta el Estado de Alarma a la protección de datos personales?
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Durante el estado de alarma han sido miles las denuncias formuladas por agentes de la autoridad por saltarse las normas de confinamiento. En muchos casos, con interpretaciones rigoristas y muy cuestionables de las normas.

¿Dónde se regulan las infracciones y sanciones por saltarse las medidas de confinamiento?

El artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus establece que «el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.»

A su vez el referido artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981 se remite simplemente a que «el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes»

¿Y cuáles son estas leyes? Podría acudirse en algunos casos a la normativa sanitaria, pero en la práctica y con carácter general, las denuncias se están notificando por la infracción del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que considera infracción grave:

«La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.»

¿Cuáles son las cuantías de las multas?

De conformidad con el artículo 39.1 de la Ley Orgánica 4/2015 la sanción es de 601 a 30.000 euros.

Debido a la amplitud de la horquilla, el Ministerio del Interior elaboró unos criterios de gradación que proponen una cuantía concreta en función del incumplimiento. Este listado, puede suponer ya de por sí un incumplimiento del principio de legalidad en materia sancionadora.

¿Cómo sigue el procedimiento?

Tras la denuncia del agente, esta es remitida a la Delegación del Gobierno para su instrucción y notificación del acuerdo de inicio al infractor.

Cuando nos llegue ese acuerdo de inicio tendremos dos alternativas:

  • Pagar la multa con un descuento del 50%.
  • Formular alegaciones.

Si formulamos alegaciones nos notificaran una resolución bien acordando el archivo del expediente o bien imponiéndonos la sanción. Esta resolución podrá ser recurrida en alzada y posteriormente en el juzgado de lo contencioso-administrativo.

¿Qué puedo alegar?

Sin ánimo exhaustivo, son varias las alegaciones que se pueden realizar en el expediente sancionador con la finalidad de defendernos de la imposición de sanción:

  • Extralimitación en el uso del estado de alarma que no puede establecer una restricción general de deambulación con infracción del artículo 19 de la Constitución, toda vez que el artículo 55 de la Constitución solo permite la suspensión de la libertad de circulación en la declaración del estado de excepción o de sitio.
  • La mayoría de los expedientes en tramitación estarían infringiendo los principios de legalidad y tipicidad. El artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015 requiere de una desobediencia a un requerimiento de los agentes. Es decir, no basta el mero incumplimiento de las normas de confinamiento, sino que es preciso que, tras la advertencia de los agentes, se desoiga esta o se ofrezca resistencia.
  • El apartado tres del artículo primero de la Ley Orgánica 4/1981, establece que «finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes». Por lo tanto, cabría mantener que, una vez se alce el estado de alarma, todas aquellas sanciones que no hayan adquirido firmeza deben ser archivadas. Esta interpretación ya ha sido rechazada por el Ministerio de Interior.

¿Y si me han denunciado penalmente?

En este caso la jurisprudencia viene exigiendo, para poder condenar por un delito de desobediencia a la autoridad del artículo 556 CP, que exista un requerimiento previo y personal, no bastando el incumplimiento genérico de una prohibición abstracta establecida en la norma.

Durante el estado de alarma han sido varias las sentencias absolutorias o autos de archivo dictados en varios juzgados españoles. Sirva de ejemplo el de Auto de 16/04/2020 del Juzgado de Instrucción nº 2 de Pontevedra.

Si le llegase cualquier notificación de inicio de expediente sancionador, le recomendamos ponerse en contacto con uno de nuestros abogados, que le asesorará sobre la mejor vía de defensa de sus derechos.