Incompatibilidad entre aplazamiento de deudas y moratoria de los pagos a la Seguridad Social

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A través del Real Decreto-Ley 11/2020 que entró en vigor el pasado 2 de abril, el Gobierno articuló dos fórmulas para facilitar que, tanto las empresas como los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, pudiesen postergar el pago de sus respectivas obligaciones con la Seguridad Social con ocasión de ésta excepcional situación.

Dichas medidas fueron:

  • Moratoria del pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, y de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, de 6 meses, sin interés, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de ABRIL a JUNIO de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre MAYO a JULIO de 2020, y siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido como consecuencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020.
  • Aplazamientos en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de ABRIL a JUNIO de 2020, siendo de aplicación un interés del 0.5%, y siempre que no tuviesen otro aplazamiento en vigor.

Y, respecto a las mismas, que ambas comparten una característica común: deben ser solicitadas en el plazo de los 10 primeros días naturales previos al abono reglamentario de cada una de las cuotas correspondientes a los meses reseñados. Sin embargo, entre los aspectos que las diferencian tenemos, por ejemplo que:

1) Para que la TGSS otorgue las moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, los solicitantes deben cumplir una serie requisitos y condiciones que aún están pendientes de establecerse a través de una Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Suponemos que será publicada durante éste mes de mayo.  Además, la moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización (CCC) por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta, como consecuencia de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor (ERTEs), ni tampoco a los autónomos a los que se les ha concedido la prestación extraordinaria de cese de actividad.

2) Que, en cuanto a la forma de presentación de ambas, las moratorias únicamente se pueden solicitar a través del Sistema Red de la TGSS, mecanismo que estará habilitado a partir del próximo 1/05 y, además se tiene que presentar una solicitud individualizada de moratoria por cada CCC que tenga la empresa. En cambio, en el caso de los aplazamientos, únicamente se pueden solicitar a través del Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la TGSS y, sólo se tiene que presentar una solicitud de aplazamiento en el pago de cuotas por empresa, con independencia del número de CCC que ésta tenga.

Podréis consultar información un poco más detallada cada una de las medidas aquí.

Pues bien, y en vista de lo comentado, derivada de la regulación inicial de ambas medidas, se venía ofreciendo la posibilidad a aquellas empresas y autónomos que hubiesen mantenido su actividad y que no pudiesen tener derecho a la moratoria de sus obligaciones con la seguridad social, poder solicitar, en su defecto, el aplazamiento de deudas al 0,5% durante los periodos de pago de mayo y junio.

Sin embargo, la entrada en vigor el pasado 23/04/2020 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, ha supuesto un cambio de criterio para los aplazamientos de deuda respecto a lo que se había fijado con anterioridad. Se ha dispuesto declarar la incompatibilidad del aplazamiento de deudas con la moratoria regulada en el art. 34 del Real Decreto-ley 11/2020. En la nueva redacción de la medida se estipula que las solicitudes de aplazamiento por los periodos respecto de los que también se hubiese solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al solicitante se le hubiese concedido esta última. Además se indica por un lado que, el aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, y se amortizará mediante pagos mensuales. Se determinará un plazo de amortización de 4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 mensualidades. Y, por otro que, la solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor será considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la correspondiente resolución.

Por tanto, respecto a los meses de mayo y junio 2020, la utilización subsidiaria de una u otra medida se ha visto mermada según lo dispuesto recientemente. Así, aquellas empresas y trabajadores autónomos que vayan a utilizar alguna de ellas tendrán que hacer un ejercicio de descarte tras valorar en cada caso concreto cuál es la más conveniente.