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1. MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA CONTRA EL USO FRAUDULENTO DE LA FIGURA DEL AUTÓNOMO

2. AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN

3. CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA Y SU REGULACIÓN SEGÚN EL RGPD

4. COMO ACTUAR ANTE INSPECCIONES IMPREVISTAS

 

El “falso autónomo” es una figura que pese a tener relación laboral con una empresa está encuadrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; sin embargo, dentro del ámbito de la empresa ejerce como trabajador por cuenta ajena, en términos de total dependencia, ajenidad y retribución. Esta situación supone un importante ahorro de costes sociales para el empresario. Por tanto, se trata de una figura ilegal que desvirtúa completamente la esencia del trabajo por cuenta propia.

Con el fin de combatir esta situación, se ha publicado el Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto (BOE de 4 de agosto), que modifica los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre Inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, para evitar que las empresas o los propios “falsos trabajadores autónomos” neutralicen, a través de la tramitación de la baja en el Sistema RED, las altas practicadas de oficio por la TGSS a instancia de la ITSS (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

La nueva redacción del artículo 31.3 implica que a partir de ahora se requerirá de la emisión de informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los procedimientos que resuelvan las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores, a instancia de dicho organismo estatal.

Es decir, que con la aprobación de este real decreto que modifica la normativa de la Seguridad Social, será necesario que existan informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver aquellas solicitudes de baja que se formulen tras haberse tramitado el alta de oficio debido a la actuación de la Inspección de Trabajo, la TGSS no podrá tomar la decisión unilateralmente.

Por otro lado, la modificación del artículo 35.7 supone establecer que no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas.

Es decir, que las bajas o variaciones de datos formuladas por empresas o los propios trabajadores afectados no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar hasta que se emita el correspondiente informe por parte de la Inspección de Trabajo que dé el visto bueno a la Tesorería General de la Seguridad Social para que actúe y haga efectiva la baja o la variación de datos solicitada.

Quedan pocos días para poder acceder a la ayuda TR342A que proporciona la Xunta de Galicia, esta ayuda es para empresarios que decidan contratar a personas con dificultades para acceder al mercado laboral y así favorecer el empleo estable.

Cualquiera persona empleadora y empresa sin importar cual sea su forma jurídica que contrate personas por cuenta ajena en la comunidad autónoma de Galicia. La contratación deberá realizarse entre el 1 de octubre de 2017 y el 15 de octubre de 2018.

La cantidad de la ayuda será de 4000 euros para desempleados de larga duración, personas en riesgo de exclusión social y personas con alguna discapacidad. En caso de ser mujer, mayor de 45 años, el centro de trabajo se encuentre en un ayuntamiento rural o la persona contratada sea un emigrante retornado, pues la cantidad aumentará un 25% en cada caso.

La formación se incentivará con 1000 euros a mayores por cada persona contrata que reciba una formación íntegra que cumpla las condiciones de las bases.

El plazo para solicitar esta ayuda acaba el día 15 de octubre de 2018 y las solicitudes se deberán presentar a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Si su negocio, comunidad de vecinos, asociación u otro tipo de entidad, tienen instaladas cámaras de videovigilancia, debe tener en cuenta que se encuentra ante un tratamiento de datos de carácter personal y que, por tanto, resulta de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Sólo se debe acudir a la videovigilancia cuando no sea posible utilizar otros medios menos invasivos para la privacidad evitando, tal y como exige el RGPD, la captación de imágenes que no cumpla una finalidad específica.

En ningún caso se podrán grabar imágenes en lugares como baños, vestuarios, probadores o instalaciones similares. Asimismo, tampoco puede filmarse la vía pública, a excepción de que sea imprescindible en atención a la finalidad que se persigue o que resulte imposible impedirlo dado la ubicación de las cámaras.

En segundo lugar, habrá que adecuar el tratamiento a las disposiciones del RGPD, lo que significa crear un registro de actividades de tratamiento, adoptar las medidas de seguridad oportunas, regular los contratos de encargo de tratamiento, en caso de que sea un tercero el que se ocupe de gestión de las cámaras, y dar cumplimiento al derecho de información. Para ello debe colocarse un cartel informativo en el que se indique que se captan imágenes, quien es el responsable de las mismas y la posibilidad de ejercicio de los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del RGPD. Además de tener a disposición de los interesados el resto de información completa exigida por el RGPD.

En el supuesto de que la cámara sea para uso doméstico, como por ejemplo, la instalada en un vehículo con la finalidad de grabar los viajes que se realicen, las imágenes captadas no se verían afectadas por el RGPD. No obstante, si éstas se publicasen en internet, transcenderían el ámbito personal y si que se les aplicaría la normativa en protección de datos.

En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta el principio de minimización, lo que implica que el número de cámaras no exceda de las necesarias para cumplir con la finalidad a la que se destinan o que los monitores no se sitúen en zonas expuestas al público.

Si tiene alguna duda sobre si su cámara de videovigilancia cumple la regulación, pídanos información sin compromiso llamando al 981 943 392 o mandando un email a info@directasesores.com.

Si un funcionario de la Agencia Tributaria se persona sin previo aviso en la sede de nuestro negocio con intención de revisar contabilidad, facturas recibos y demás, lo que técnicamente se conoce como “presentarse en plan paraca”, ¿cómo podemos actuar?

Partimos de la base de que un funcionario de Hacienda se puede presentar sin previo aviso y notificar in situ el inicio de actuaciones inspectoras, pero si desea realizar comprobaciones sin el consentimiento del gerente debe identificarse y llevar la correspondiente autorización tal y como se señala en el art. 142 de la Ley General Tributaria (LGT). Por tanto si no lleva autorización la decisión es nuestra, pues ni que decir tiene que si no tenemos nada relevante que ocultar lo mejor es colaborar, para no generar la impresión de que ocultamos algo grave.

Si porta autorización podemos distinguir:

A) Autorización meramente administrativa (con la firma de un funcionario). Su alcance es limitado pues la LGT en su art 113 señala: “Cuando en los procedimientos de aplicación de tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial”, y de acuerdo a cierta jurisprudencia “El domicilio constitucionalmente protegido rebasa con creces los confines de vivienda y el de las personas jurídicas se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas por constituir el centro de dirección de la sociedad o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros”. Esos espacios judicialmente protegidos son aquellos que tengan el acceso restringido al público o al personal común que trabaje en la empresa, por ejemplo: oficinas de dirección, áreas reservadas a la llevanza de contabilidad o reuniones de dirección o de junta de accionistas.

Por el contrario la Inspección puede acceder por sorpresa con una simple autorización administrativa a la recepción o vestíbulo de entradas, al almacén, etc, es decir a aquellos espacios abiertos al público o trabajadores comunes, y si un pc se encuentra en esos lugares puede ser perfectamente inspeccionado por el actuario.

B) Autorización judicial. A falta de consentimiento del interesado sólo con esta autorización podrán acceder al domicilio constitucionalmente protegido.